3.1. La política de industrialización del gobierno mexicano

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Los planteamientos antes expuestos sugieren un programa para avanzar en la política industrial en México y poder precisar puntos importantes. A continuación se establecen algunos criterios para establecer el programa a examinar.

En primer lugar, es imprescindible constituir un organismo que elabore, evalúe y dé seguimiento a la política en materia industrial. El carácter de dicho organismo, su composición, sus funciones y su capacidad de decisión en los componentes de la política industrial, son aspectos que deberán puntualizarse mediante estudios. Obviamente algunos contenidos no podrán definirse si no tenemos claridad respecto a los instrumentos y los objetivos de la estrategia industrializadora.

En segundo lugar, la experiencia revela que es imprescindible dejar atrás los elementos negativos que presentó la política industrial durante el proceso de sustitución de importaciones. En esta línea de investigación, algunas ideas que deben ser superadas se refieren a las que le atribuyen a la industrialización capacidad para resolver todo tipo de problemas. Con la posición de industrializar a toda costa, se propició la participación del Estado mediante apoyos indiscriminados. Se entiende ahora que los apoyos y los subsidios deben ser temporales y deben asimismo estar sujetos a respuestas productivas y de exportación por parte de las empresas. ¿Cómo medir la temporalidad? ¿Cuáles son los límites mínimos aceptables para mantener los respaldos estatales? Estas y otras cuestiones se deberán esclarecer mediante indagaciones específicas.

En tercer lugar, el establecimiento de una política industrial debe vislumbrar dos ámbitos simultáneamente. El largo plazo, que implica fomento a la inversión productiva, y por tanto al desarrollo científico-tecnológico, y el corto plazo, cuya preocupación central es la utilización eficiente de los recursos existentes. En el manejo de algunos instrumentos, la estrategia de largo plazo puede resultar contradictoria con la política reactivadora de la actividad industrial. Por ejemplo, la presencia de grandes capacidades ociosas no concordaría con la ampliación de créditos blandos para incentivar la inversión fija. Esto es parte de lo que un trabajo de investigación tendría que resolver. Por último, la medición de las ventajas comparativas sociales es un instrumento imprescindible para impulsar la política industrial en una economía abierta. Cuando esta medición se efectúa de manera muy agregada, no se pueden detectar las empresas con diferente productividad. A su vez, el cálculo, de las ventajas comparativas sociales para el mediano y largo plazos, toma en cuenta de manera más realista la potencialidad productiva de un país. La desagregación y el mediano plazo se deben incluir en el estudio de la eficiencia social de la industria.

Estas cuatro líneas de investigación acerca de la política industrial tienen como trasfondo, ya insinuado en la primera línea, la concertación de los organismos implicados. Los programas no son realizables por sí mismos, se requiere de la presencia activa y convencida de los organismos productivos.


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